Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza apelación del expresidente para anular investigación por golpe de Estado
Poder Judicial anunció que se declaró infundada la apelación con la que el expresidente Pedro Castillo quería eliminar la investigación en su contra, por el golpe de Estado que anunció el pasado 7 de diciembre.
El Poder Judicial (PJ) anunció que se declaró infundado el recurso de apelación planteado por el expresidente de la República, Pedro Castillo, en el marco de la investigación en su contra por el golpe de Estado.
Anular investigación
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación del exmandatario peruano contra la decisión de primera instancia que desestimó su cuestión previa, medio con el que Castillo Terrones pretendía anular la investigación en su contra por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad; ello como consecuencia del mencionado hecho ocurrido el pasado 7 de diciembre.
En esa línea, se ratificó la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Recurso de Pedro Castillo
El exjefe de Estado, Pedro Castillo, cuestionó en su recurso que el Congreso de la República le haya levantado el beneficio de antejuicio político y manifestó que este proceso no se tramitó correctamente. Agregado a ello, el expresidente puso en duda la legalidad de la moción de vacancia en su contra por permanente incapacidad moral.
Ante ello, la Sala Penal Permanente recordó que anteriormente – durante la apelación de la prisión preventiva por el referido caso – ya había validado el levantamiento inmediato del fuero en casos de flagrancia.
«En vista del pronunciamiento público, del incumplimiento de sus órdenes por la Policía Nacional y de huida, efectivos policiales lo capturaron en plena fuga, lo que obviamente constituye un caso de delito flagrante […] pues huyó, fue identificado por su pronunciamiento público e inmediatamente fue aprehendido en camino al local de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos», indica la resolución.
«No correspondía» trámite regular
Los jueces de la Corte Suprema explicaron que, luego de la declaración de vacancia por permanente incapacidad moral, «no correspondía aplicar» un trámite regular de acusación constitucional debido a que se trata de un delito flagrante.
Tras ello, señala que «el tiempo que demandaría» dicho proceso implicaría otorgarle libertad pese al «peligro de fuga subsistente, lo que podría causar impunidad por alejamiento del agente delictivo».
«La necesidad de una decisión parlamentaria que aprobara la autorización de la formación de causa penal, atento a la flagrancia delictiva y al peligro de huida, manteniendo la esencia de la valoración parlamentaria y de una votación calificada, es suficiente razón política y jurídica para validar el procedimiento parlamentario», indica.
«Necesaria decisión del Congreso»
Según indican, la defensa del orden constitucional, así como el control de los actos del presidente de la República y «la propia institución de la acusación constitucional ante conductas delictivas, en tanto principios fundamentales que derivan de la misma Constitución, justifican el procedimiento seguido».
En esa línea, respaldaron la decisión tomada por el Poder Legislativo, respecto a emitir una resolución acusatoria contra el ahora exmandatario omitiendo el paso por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la Comisión Permanente y el Pleno del Parlamento.
«La decisión del Congreso era necesaria pues no había otras medidas igualmente eficaces -por los riesgos de alejamiento del imputado del país y el hecho que el plazo de la detención judicial preliminar estaba por vencerse- para habilitar el proceso penal y, luego, garantizar la ulterior efectividad del mismo -el tiempo que demandaba el artículo 89 del Reglamento no era propio para evitar estos riesgos-. No hay, pues, un sacrificio desmesurado o manifiestamente innecesario del derecho de defensa limitado», acotó la Sala Penal Permanente.
De esta manera, el Poder Judicial informó que fue rechazada la apelación del expresidente Pedro Castillo para anular la investigación seguida en su contra, luego que el 7 de diciembre de 2022 anunció un golpe de Estado durante un mensaje a la Nación.