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The New York Times: La policía y el ejército de Perú usaron fuerza excesiva contra manifestantes

Una investigación de The New York Times revela que las fuerzas de seguridad dispararon municiones letales contra civiles desarmados, en las protestas de diciembre y enero.

En el transcurso de cinco semanas, las fuerzas de seguridad de Perú respondieron repetidamente a las protestas antigubernamentales con lo que los expertos califican como fuerza excesiva, lo que incluye accionar escopetas con munición letal y disparar rifles de asalto contra los manifestantes que huían, así como ocasionar la muerte de personas desarmadas que estaban a cientos de metros de distancia, según revela una investigación de The New York Times.

Las protestas comenzaron a principios de diciembre, desencadenadas por la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tanto los militares como las fuerzas de la Policía Nacional han participado en las medidas represivas que se han concentrado en las provincias del sur, donde Castillo tenía su base de apoyo.

Algunos manifestantes exigen que se redacte una nueva Constitución que aborde los viejos problemas de pobreza y desigualdad.

Cuarenta y ocho civiles han muerto y más de 970 han resultado heridos, según la Defensoría del Pueblo de Perú. La investigación del Times descubrió que la mayoría de las muertes fueron causadas por armas del fuego.

El Times analizó cientos de videos e imágenes, revisó informes de autopsias y balística y habló con testigos y expertos. Analizamos en detalle ocho muertes ocurridas en diciembre y enero en tres localidades —en las ciudades de Ayacucho, Juliaca y Macusani— para mostrar que los militares y la policía utilizaron tácticas letales, a menudo en aparente violación de sus propios protocolos, que estipulan el uso de fuerza razonable y proporcional al responder a disturbios civiles.

“El factor clave es que la policía no está utilizando la fuerza letal de forma proporcional”, afirmó Joel Hernández, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hernández ayudó a efectuar una evaluación sobre el terreno de la violencia, y la calificó de “excesiva para el objetivo de controlar la protesta”.

Las protestas han desembocado en escaramuzas violentas entre agentes de la policía y manifestantes. Al menos 363 agentes de las fuerzas de seguridad habían sido heridos hasta finales de febrero, según el Ministerio de Salud. Con la intención de tomar aeropuertos y atacar edificios gubernamentales, los manifestantes han arrojado piedras con hondas y lanzaron explosivos improvisados. Un oficial de policía murió cuando una turba enfurecida quemó su vehículo. Las autoridades dijeron que los bloqueos de carreteras de los manifestantes provocaron accidentes de tráfico e impidieron el traslado a los hospitales, lo que contribuyó a la muerte de 11 personas.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo campaña como líder de izquierda y aliada de los pobres de las zonas rurales, pero luego ha adoptado una línea dura contra los manifestantes. Boluarte ha dicho que la policía y el ejército respondieron conforme a la Constitución, las leyes y los protocolos del país, y culpa de las muertes a delincuentes violentos y armados.

“Eso no es una protesta pacífica. Eso es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales”, dijo Boluarte en un discurso el 24 de enero, después de que 18 civiles fallecieran en Juliaca. Ese grupo de personas, de acuerdo con la presidenta, tienen una agenda política y económica “basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando”.

Pero en los cientos de imágenes y otros materiales examinados, el Times no encontró pruebas de que las armas caseras portadas por algunos manifestantes causaran muertes de civiles. Y la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, declaró al Times en febrero que el gobierno no contaba con pruebas de que las protestas estuvieran siendo impulsadas por grupos criminales.

La fiscalía peruana está investigando a Boluarte y las acciones de su gobierno relacionadas con las protestas.

Tanto Boluarte, como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú no han respondido a las preguntas del Times.

Los videos e imágenes de este reportaje contienen escenas de violencia explícita.

Ayacucho: manifestantes baleados con fusiles de asalto

El 15 de diciembre, un día después de que Boluarte declaró un estado de emergencia nacional que le otorgaba a la policía mayores poderes para detener a personas e ingresar en propiedades privadas sin orden judicial y autorizaba al ejército a colaborar en el control de los disturbios civiles, un grupo de soldados peruanos apostados en Ayacucho acudió al aeropuerto local para desalojar a los manifestantes que se encontraban ahí.

Al final del día, 10 civiles habían muerto o recibido heridas mortales. Todos por armas de fuego.

En dos de los casos en Ayacucho analizados por el Times, las pruebas visuales y los documentos muestran que los soldados desplegaron un uso excesivo y letal de la fuerza contra los civiles.

Los videos muestran que alrededor de las 2:00 p. m., elementos de policía comienzan a disparar gases lacrimógenos contra unos 150 manifestantes reunidos en el aeropuerto, y que algunos respondieron lanzando o arrojando piedras. Más de una decena de soldados avanzaron con fusiles de asalto Galil. El Times tuvo acceso a un registro militar de las armas entregadas a los soldados destacados en Ayacucho que confirma que más de 80 efectivos recibieron fusiles Galil ese mismo día.

A medida que más manifestantes intentaban tomar el aeropuerto de nuevo, las imágenes muestran a los soldados haciendo que retrocedan y persiguiéndoles hasta las calles residenciales adyacentes, mientras disparaban de manera indiscriminada en dirección a los civiles que huían.

Un video grabado hacia las 6:30 p. m. capta a varios soldados en la esquina suroeste del aeropuerto disparando hasta 20 veces con fusiles de asalto Galil en dirección a un parque de la ciudad donde había gente escondida detrás de árboles y muros bajos de hormigón.

Los explosivos improvisados lanzados por los manifestantes detonaban a decenas de metros de los soldados, que parecían no inmutarse y seguían disparando.

A las 6:35 p. m., a dos cuadras de distancia, una cámara de seguridad situada frente a un parque municipal graba una bala que alcanza por la espalda a Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años, cuando cruzaba la calle.

La bala alcanzó a Christopher con tal fuerza que le atravesó la parte superior del torso, saliendo por el hombro opuesto, según un informe de balística realizado por la policía peruana y consultado por el Times. El reporte estimaba que la bala, que no fue recuperada, tenía unos 5 milímetros de diámetro.

Las imágenes muestran a soldados disparando hacia donde estaba Christopher con fusiles de asalto Galil. Los soldados estaban a unos 90 metros de distancia, una distancia dentro del rango de alcance de 396 metros del arma, y dispararon proyectiles de 5,56 milímetros, consistentes con la bala que mató a Christopher, según un análisis del Times y la revisión de un experto forense que pidió permanecer en el anonimato porque no está autorizado para hablar con los medios de comunicación.

Momentos después, a una cuadra de distancia, José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, cae muerto de un balazo en la cabeza. Un video muestra que estaba parado en la acera entre un grupo de personas cuando es impactado por una bala.

Aproximadamente en ese momento, parece que los soldados disparaban desde un muro del cementerio ubicado a 76 metros de distancia, un rango dentro del alcance de un fusil Galil, y en la línea de visión del sitio donde Aguilar estaba de pie.

Las imágenes muestran que, después de que los soldados se retiran el lugar, un grupo de personas recupera del pavimento más de una decena de casquillos usados, identificados por el Times como munición de 5,56 milímetros.

Según el informe de balística, la herida de bala en la frente de Aguilar corresponde a un proyectil de 5 milímetros, consistente con la munición utilizada por el fusil de asalto militar Galil.

El Ministerio de Defensa de Perú no ha respondido a las solicitudes de información sobre estos dos casos concretos, pero dijo en un comunicado el 16 de diciembre que su personal había sido atacado en el aeropuerto con “objetos contundentes, explosivos y armas de fuego artesanales”. En las imágenes analizadas, el Times no encontró indicios de que los manifestantes portaran armas.

Los videos parecen mostrar que tanto Christopher como Aguilar estaban desarmados y, como estipulan los protocolos militares, no representaban “un peligro inminente de muerte o lesiones graves” para los agentes ni para nadie cuando recibieron disparos.

Otras seis víctimas presentaban heridas de bala compatibles con el calibre de la munición disparada por los fusiles Galil, según los expertos forenses de la Policía Nacional. Un informe de balística muestra que la policía recuperó una bala de 5,56 milímetros en una de las víctimas.

FUENTE: The New York Times 

 

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