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The New York Times: Juliaca: el día más mortífero de las protestas

El 9 de enero, tras varios días de marchas, Juliaca se convirtió en el escenario de los enfrentamientos más mortíferos desde que comenzaron las protestas.

Dieciocho civiles, entre ellos tres menores y un residente médico, murieron por disparos, según los registros hospitalarios y de autopsias obtenidos por el Times. Otras 70 personas resultaron heridas, al menos 31 de ellas por arma de fuego. Un suboficial de policía murió luego de que su patrulla fue incendiada esa noche.

Las imágenes, documentos y testimonios recogidos por el Times ofrecen un relato detallado de la respuesta militar y policial desplegada ese día contra los manifestantes en el aeropuerto local, y sugieren que los agentes policiales que estaban en la primera línea fueron responsables de la mayoría de las personas heridas de bala y fallecidas. Las imágenes y los documentos oficiales también señalan la participación de elementos de la policía en otros tiroteos con civiles sucedidos en el centro de la ciudad esa noche.

El tiroteo comenzó por la tarde, cuando cientos de manifestantes se dirigieron al aeropuerto de Juliaca, que estaba resguardado por las fuerzas de seguridad. Algunas personas intentaron tomar las instalaciones, lanzando piedras y disparando lo que parecían ser fuegos artificiales con lanzadores caseros. Los efectivos policiales disparaban gases lacrimógenos desde tierra y, finalmente, también lo hizo el ejército desde un helicóptero que volaba a baja altura.

El Times analizó imágenes y documentos para determinar cuáles eran las armas de fuego que portaban las fuerzas de seguridad y con cuál tipo de munición letal, encontrada en los cuerpos de las víctimas, coincidían.

Las imágenes del aeropuerto y las calles cercanas muestran a los agentes apuntando y disparando repetidamente armas de fuego en la dirección en la que estaban los civiles. Un video muestra a un soldado disparándole a la multitud. El Times, en consulta con expertos en armamento, pudo identificar los tipos de armas de fuego que usaban los oficiales de policía y los militares ese día, y las municiones que dispararon.

Poco antes de las 2:00 p. m., Gabriel Omar López Amanqui, de 35 años y padre de dos hijos, fue fotografiado lanzándole piedras a una fila de agentes de policía cerca del aeropuerto. Minutos después, le dispararon. En el informe de la autopsia se describen más de 70 pequeñas heridas penetrantes compatibles con perdigones o postas —un tipo de munición letal que suelen disparar las escopetas calibre 12—, algunas de las cuales le causaron lesiones mortales en el corazón y los pulmones.

Según el experto forense que analizó los documentos para el Times, es probable que la escopeta disparada contra López apuntara por encima de la cintura a una distancia de menos de 20 metros.

Pareciera que esa táctica viola los protocolos de la policía peruana, que establecen que ante manifestantes que lanzan objetos contundentes como piedras, los agentes deben usar balas de goma, apuntar a las extremidades inferiores y disparar a una distancia no inferior a los 35 metros.

Las directrices policiales también establecen que el primer paso para controlar a una multitud descontrolada debe ser detener a los actores violentos. Ese día fueron detenidas 11 personas en las protestas en Juliaca, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un grupo de defensa de los derechos humanos.

Rápidamente las inmediaciones del aeropuerto se convierten en un caos, con varios muertos y decenas de heridos. Al anochecer, la multitud se dispersa, pero pequeños grupos de manifestantes seguían enfrentándose a los efectivos policiales en el centro de la ciudad, y al menos tres civiles más resultan muertos.

Uno de esos civiles es Eberth Mamani Arqui, quien estaba varias cuadras al oeste de una comisaría de la Policía Nacional con un grupo de más de una decena de personas. Las imágenes tomadas en ese momento muestran a agentes armados con equipamiento antidisturbios que corrían en dirección a la multitud. Un video capta a los civiles gritando a los agentes por la calle, cuando se oye un disparo y Mamani cae de espaldas al suelo.

Mamani, de 40 años, murió luego de recibir un disparo en el rostro. Era un operador de maquinaria pesada y tenía un hijo de 8 años.

A dos cuadras al norte de la comisaría de la Policía Nacional se produjo otro enfrentamiento, en el que al menos cuatro civiles fueron heridos de bala, dos de ellos mortalmente. Según el análisis de las imágenes grabadas durante aproximadamente una hora, se produjeron repetidos disparos de fusil en dirección a los peatones y manifestantes, algunos de los cuales lanzaban lo que parecen ser fuegos artificiales hacia los agentes.

A las 7:51 p. m., las imágenes de un circuito cerrado de televisión mostraban a un grupo de personas que arrastraron fuera del campo de visión de los agentes de policía a dos jóvenes que recibieron disparos mortales. En imágenes tomadas con un teléfono celular en el lugar, las víctimas yacían en la acera, sangrando abundantemente. El Times ha identificado a estas dos víctimas como Paul Franklin Mamani Apaza, de 20 años, y Brayan Apaza Jumpiri, de 15.

Según el informe de la autopsia de Mamani Apaza, el joven murió por un tiro de un proyectil de 7,62 milímetros en el pecho, que coincide con la munición de los fusiles de asalto Kalashnikov usados por los efectivos policiales.

Brayan tenía una bala alojada en la cabeza, según los testimonios, los informes médicos y la autopsia. Murió tras permanecer tres días en coma.

Los 18 civiles que resultaron heridos mortalmente en Juliaca el 9 de enero, excepto uno, murieron por disparos en la parte superior del cuerpo, cuatro de ellos en la cabeza. Los expertos forenses encontraron balas de 7,62 milímetros en cuatro de los cadáveres, incluido el de Mamani Apaza. Otras ocho víctimas también presentaban heridas compatibles con fusiles de asalto policiales y militares. Al menos tres víctimas, entre ellas López Amanqui, murieron por municiones letales que coinciden con las que usan las escopetas que portaban las fuerzas de seguridad en el aeropuerto.

Según la Policía Nacional, un agente murió y otro resultó herido en la madrugada del 10 de enero en Juliaca, cuando fueron atacados por una turba enfurecida que incendió su patrulla. Otros seis agentes heridos durante las protestas del 9 de enero fueron trasladados en helicóptero a un hospital de Lima.

En un discurso televisado dos semanas después, Boluarte afirmó que “no es la policía que está disparando” y que la mayoría de las muertes en Juliaca se debían a armas caseras o ilegales. “La policía no usa esas armas letales”, afirmó. El gobierno no ha aportado ninguna prueba que respalde esa afirmación.

Macusani: disparos a distancia

El 18 de enero, otros dos manifestantes, Sonia Aguilar Quispe y Salomón Valenzuela Chua, murieron por disparos mientras cientos de personas se concentraban en Macusani, una ciudad al sur de Perú. Los disparos que los mataron parecen haber sido efectuados por la Policía Nacional, según pruebas visuales, análisis de audio y relatos de testigos recogidos por el Times.

Por la tarde, tras una marcha pacífica en Macusani, las imágenes muestran a decenas de personas dispersas a lo largo de un camino de tierra que pasa por la comisaría de la Policía Nacional de la ciudad. Algunos manifestantes lanzan piedras, explosivos improvisados e insultan a los agentes que estaban dentro y fuera del edificio, en un perímetro de unos 90 metros de distancia. Los agentes de policía lanzaron gases lacrimógenos y se oyeron disparos esporádicos.

En un video que parece filmado desde el interior de la comisaría, un agente disparaba con un fusil de asalto Kalashnikov contra los manifestantes que estaban en un cerro. Una transmisión en directo de una hora de duración desde el exterior de la comisaría capta disparos repetidos desde la entrada del edificio. Los agentes también disparaban desde el techo de la comisaría.

Alrededor de las 5:50 p. m., se produjo una ráfaga de seis disparos en rápida sucesión que causaron conmoción en las personas que estaban en el cerro porque Aguilar recibió un disparo en la cabeza. Según los testimonios de los testigos, estaba de pie entre la multitud cuando la alcanzó la bala.

Aguilar, de 35 años y madre soltera de dos niños pequeños, llegó al hospital ya muerta, con el cráneo fracturado por la bala, según los informes de la autopsia.

El sonido de los disparos —uno de los cuales se cree que mató a Aguilar— fue captado en dos emisiones de video en directo: una se grabó cerca de la comisaría de policía y la otra en la protesta en lo alto del cerro, a menos de 45 metros de Aguilar.

El Times les pidió a dos expertos que analizaran el audio. Robert C. Maher, experto en acústica de disparos de la Universidad Estatal de Montana en Bozeman, dijo que el sonido de los disparos era coherente con disparos de rifle dirigidos en la dirección general de los manifestantes. Steven Beck, exasesor de acústica del FBI, dijo que la distancia del tirador coincidía con la ubicación de la comisaría.

Valenzuela, de 30 años, camionero, operador de maquinaria pesada y padre de cuatro hijos, se encuentra cerca cuando Aguilar fue abatida. Una media hora más tarde, él también recibe un disparo, a pocos pasos de distancia, y fallece al día siguiente de un disparo en el pecho, según consta en su autopsia.

Esa noche, una turba incendió la comisaría de la Policía Nacional de Macusani. Según las noticias locales, los agentes fueron rescatados en helicóptero. No se informó de ningún herido.

Responsabilidad del gobierno

En total, las 48 víctimas civiles de Perú tenían edades comprendidas entre los 15 y los 62 años. Entre las muertes analizadas se encuentran la de Sonia Aguilar Quispe, una mujer que estudiaba en el extranjero y regresó a casa para cuidar de sus padres; la de José Luis Aguilar Yucra, un joven padre que trabajaba en una tienda de refrescos, y la de Brayan Apaza Jumpiri, un estudiante de secundaria que decía que quería ser agente de policía.

Algunos familiares entrevistados por el Times expresaron su temor a las represalias de las autoridades y dijeron que las víctimas han sido tachadas de terroristas en los medios de comunicación locales.

“Mi hijo tenía un futuro adelante”, dijo Asunta Jumpiri Olbea, madre de Brayan, quien acababa de cumplir 15 años. “Mi hijo no es un terrorista. Ellos son terroristas y nos están matando como animales”.

El Ministerio Público de la fiscalía de Perú está investigando a Boluarte por posibles delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” relacionados con las protestas e intenta determinar la responsabilidad de cada muerte por arma de fuego. Al mismo tiempo, en un documento interno oficial del 27 de febrero el ministerio ha dicho que dejará de prestar servicios de investigación, incluido el uso de expertos forenses y balísticos —servicios que pueden ser cruciales para las investigaciones de derechos humanos—, a menos que lo soliciten específicamente los principales fiscales del país.

Hasta la fecha, no se ha acusado ni detenido a ningún militar o agente de policía en relación con las muertes ocurridas en las protestas.

John Ismay colaboró desde Washington. Julie Turkewitz colaboró desde Bogotá, Colombia. Mitra Taj colaboró desde Lima. Haley Willis colaboró desde Nueva York.

Brent McDonald es corresponsal sénior de video para el Times en Washington. Produce cortos documentales, reportajes en video e investigaciones visuales. @DocuBrent

Ainara Tiefenthäler es videoperiodista y trabaja en el equipo de Investigaciones visuales. Fue una de las periodistas galardonadas con el Premio Pulitzer 2022 de Reportaje Internacional por la cobertura del Times sobre la gran cantidad de víctimas civiles en los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. @tiefenthaeler

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