Mundo

¿Lavado de cara a la represión? Las lecturas que despierta en Perú la extradición de Toledo

La artista y militante anticolonial peruana Daniela Ortiz opina que esas facilidades de Washington para el traslado del exmandatario a su país "son parte del trabajo que hacen para reforzar la dictadura de Boluarte".

El pasado 7 de diciembre, Dina Boluarte fue juramentada como la nueva presidenta del país, luego de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo como mandatario tras su intento de disolver el Parlamento.

Desde entonces se han registrado protestas en todo el país para pedir la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, que se convoquen nuevas elecciones, la liberación de Castillo —quien fue encarcelado en el penal de Barbadillo—, la convocatoria de una asamblea constituyente y justicia para los caídos en las manifestaciones.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, publicado la tarde del miércoles, 60 personas han muerto en el marco de la crisis política y social que atraviesa el país. Se trata de 48 civiles muertos «en enfrentamientos», otros 11 «por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo» y un policía «por hechos de violencia en el contexto del conflicto».

¿Cortina de humo?

En medio de las continuadas protestas en Perú, esta semana, el Departamento de Estado de EE.UU. dio luz verde a la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), para que responda por los delitos de colusión y lavado de activos en su país.

Toledo es señalado en Perú de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de favorecer a la compañía en sus negocios en el país suramericano, cuando era mandatario.

Sin embargo, esa decisión es vista por algunos como una «cortina de humo» ante las manifestaciones que no cesan en el país suramericano en contra de Boluarte.

«Las facilidades que está dando Estados Unidos para extraditar a Toledo tranquilamente son parte del trabajo que hacen para reforzar la dictadura de Boluarte dándole un ‘éxito’ a este gobierno ilegítimo con los medios narrando la extradición como un logro de Boluarte», opinó la artista y militante anticolonial peruana Daniela Ortiz.

Otra de las opiniones en las redes sociales fue: «Tremenda cortina de humo que se viene, por cortesía de la embajada de EE.UU., armarán una telenovela con el sinvergüenza [de] Toledo [y] para eso tienen a su prensa adicta. Pero ni así podrán detener las masivas movilizaciones en todo el Perú que piden a gritos la renuncia de Dina Boluarte».

Por otro lado, Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción, consideró que la decisión de EE.UU. debería ser tomada como una lección y estimó que ese debe ser el destino para quienes cometen delitos desde el poder.

«En algún momento también la señora Boluarte y el señor [Alberto] Otárola, los miembros de este Gobierno tendrán que ser sometidos a la Justicia y seguramente, si es que la Justicia hace su trabajo, tendrán que pagar igualmente por la responsabilidad que les compete», por la represión en las protestas, dijo Arbizu en entrevista con TV Perú.

De forma similar opinó el exregidor de la provincia de Huancayo Pablo Beltrán, quien dijo que «el tiempo no olvida ni perdona a los corruptos y delincuentes» y que espera que «pronto se haga justicia» y Boluarte acompañe a otros exmandatarios en la prisión «por las muertes que carga su gobierno».

«Pleno respaldo»

El respaldo de EE.UU. a Boluarte ha sido desde el comienzo de su administración, pese a que varios de los países de la región, como México y Colombia, han denunciado la represión en Perú.

EE.UU. hizo pronunciamientos desde el mismo 7 de diciembre. La embajadora estadounidense en Lima, Lisa Kenna, rechazó ese día las acciones de Castillo y pidió «revertir» su intento de cerrar el Congreso.

Un día después, Kenna expresó su apoyo a Boluarte y, mediante un comunicado, dijo que esperaba «trabajar de cerca» con la nueva mandataria. De igual manera se pronunció, ese mismo 8 de diciembre, el subsecretario de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols.

El 13 de diciembre, Boluarte recibió en el Palacio de Gobierno en Lima a Kenna, quien «reiteró el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del gobierno constitucional para estabilizar la situación social», reza una publicación en Twitter de entonces de la Presidencia peruana. Luego se encontró con la canciller, Ana Cecilia Gervasi, y otros altos funcionarios.

Unos días más tarde, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se comunicó telefónicamente con Boluarte. Le manifestó que Washington esperaba con interés «trabajar en estrecha colaboración» con su administración y «alentó a las instituciones y las autoridades civiles de Perú a duplicar sus esfuerzos para realizar las reformas necesarias y preservar la estabilidad democrática», según dijo el portavoz de la institución, Ned Price.

Anahí Durand, quien fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el mandato de Castillo y que ha denunciado la criminalización de las protestas en Perú en la actual administración, señaló, durante un reciente foro en Madrid, España, que lo sucedido en su país es importante en un contexto geopolítico para EE.UU., dado el cambio de correlación de fuerzas a favor de la izquierda en la región, con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que se suman a países como México, Argentina, Bolivia, Chile, entre otros.

Entonces, dice Durand, EE.UU. «no podía darse el lujo de perder al mismo tiempo tantos países en la región»; por lo que considera que «eso ha sido algo que ha pesado» en el apoyo que le han dado desde el comienzo a Boluarte, «pasándose por encima» todo lo relacionado a la defensa de los derechos humanos.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba