Medida judicial en contra de camposanto covid-19 atenta contra los más pobres de Arequipa que no pueden pagar cementerios particulares para inhumar fallecidos ni crematorios
Los cementerios municipales no están aceptando inhumaciones, los crematorios cuestan por encima de S/ 3,500 y los cementerios particulares cobran más de 4 mil soles además de otros gastos.
La administradora temporal del Cementerio COVID-19, Lic. Margarita Villavicencio Ayala, lamentó que la jueza Karina Apaza, no haya evaluado la importancia de este camposanto que permite inhumar a las familias más pobres de Arequipa.
El Camposanto COVID-19 permite realizar inhumaciones gratuitamente a favor de familias pobres que perdieron a su ser querido producto del virus de Wuhan. Diariamente más de 20 familias solicitan el entierro de su ser querido en este cementerio.
«Los cementerios municipales no están aceptando inhumaciones, los crematorios cuestan por encima de S/ 3,500 y los cementerios particulares cobran más de 4 mil soles además de otros gastos. ¿A dónde va ir a enterrar a sus seres queridos la gente pobre? Nosotros estamos inhumando gratuitamente, les damos además un féretro, cruz y traslado porque la gente no tiene plata por la pandemia. Como Gobierno Regional estamos solucionando un problema sanitario», enfatizó Villavicencio Ayala.
A través de medios de prensa se conoció que la jueza Karina Apaza declaró fundada la medida cautelar presentada Municipalidad de Uchumayo, proceso que el GORE-Arequipa apelará en las instancias correspondientes, mientras tanto, las inhumaciones no se detendrán en vista de la demanda que existe para inhumar cuerpos desde los hospitales, viviendas y calles.
En ese sentido, Villavicencio Ayala consideró que detrás de estas denuncias existirían intereses particulares. Por ejemplo, muy cerca al cementerio existe una empresa que ejecuta la extracción de agregados y algunas invasiones fueron retiradas de esa zona y que pretenden apoderarse de estos terrenos.
Además, el proyecto se ejecutó en un área de 9.500 metros cuadrados y de propiedad del GORE-Arequipa no se encuentra en área protegida por el Ministerio de Cultura y así quedó comprobado.
«Nosotros estamos cumpliendo el acuerdo del 26 de abril, porque es una necesidad pública. ¿Qué va a pasar cuando se llenen las áreas de patologías de los hospitales con cuerpos? Recordemos que la gente no tiene dinero para pagar la cremación o inhumación en un cementerio particular y los municipios no están recibiendo cadáveres COVID-19. El Poder Judicial y aquellos quienes se oponen al cementerio serán los directos responsables de atentar contra los más pobres», puntualizó.
